Es jefe de módulo y habría cometido los delitos durante dos años a cambio de regalos
El juzgado de instrucción número 2 de Lleida ha procesado un funcionario del Centro Penitenciario Ponent, J.M.J.A., por delitos continuados de abusos sexuales y abuso de autoridad durante dos años sobre un interno de la prisión, según ha podido saber este diario. El caso fue denunciado el octubre del 2018 y la juez de instrucción afirma ahora que “de pruebas practicadas y, especialmente de la declaración de los denunciados, así como de los testigos, los informes que abren en las actuaciones […] así como de la declaración de investigado, se desprende la existencia de indicios racionales de criminalidad que permiten, con la provisionalidad del momento procesal en el cual nos encontramos imputar J.M.J.A”.
En este sentido, afirma que el procesado “abusó sexualmente de forma continuada del interno abusando de la situación de superioridad derivada del hecho que era jefe de la unidad de módulo, donde el denunciado estaba interno”. La víctima, representada por el abogado Enric Rubio, ingresó en el centro en 2014. Después de denunciar los abusos, fue trasladado a la prisión de Lledoners para evitar represalias. De este modo, según la interlocutoria, la primera ocasión fue cuando un día el investigado hizo “un beso y un abrazo” al recluso después de dejarle llamar por teléfono a su novia.
El interno cambió de módulo y se produjo un encuentro casual en el que el investigado le propuso ser trasladado al suyo. En una ocasión “se abalanzó sobre él” pero el interno le dijo que no era gay, a la cual cosa el investigado le dijo “que poco aprecias tu bienestar en el centro” por, a continuación, pedirle que le enseñara el pene, a la cual cosa el denunciado acabó accediendo, realizándole tocamientos de investigado y cogiéndole la mano para que lo masturbase”, según consta a la interlocutoria.
Durante dos años
A partir de entonces, el investigado empezó a acudir al módulo en que estaba el recluso para proporcionar encuentros para los supuestos abusos sexuales. Posteriormente, el denunciado fue trasladado al módulo del cual era responsabilidad del investigado, “y lo obligó a hacerle una felación” y otros tocamientos. “A cambio de todo esto, el investigado introducía en el centro regalos que le daba, le dejaba hacer llamadas incluso con su propio teléfono e incluso le hacía fotografías que gastado enviaba a su madre porque supiera que el denunciante se encontraba bien”. Según el juez de instrucción. El interno denunció los hechos de octubre de 2018. El centro incoó un expediente disciplinario al hoy investigado.
Expediente
Por todo ello, la juez, determina que “se presentan indicios que J.M.J.A es el autor de un delito continuidad de abusos sexuales y un delito de abusos en el ejercicio de sus funciones”.
Además, el juzgado pide que el acusado presente una fianza de 30.000 euros con el fin de asegurar el resarcimiento de la víctima.
Cuando la investigación salió a la luz, el servicio de Inspección de Justicia suspendió el funcionar de ocupación y sueldo durante seis meses y tiene abierto un expediente disciplinario, que ha quedado suspendido a la espera que se dicte una resolución judicial.
“Puede llevar reclusión e inhabilitación por más de diez años”
Enric Rubio, abogado del denunciado, afirmó que “somos ante la presunta comisión de dos delitos muy graves que pueden llegar a puerta penas de prisión y de inhabilitación absoluta superiores a los diez años”. Además, recordó en este sentido que “un funcionario está llamado a mantener la orden y velar también por el bienestar de los presos. No olvidamos que una persona privada de libertad, con independencia del que lo haya llevado en la prisión, se encuentra aislada y, por lo tanto, presenta un estado de especial vulnerabilidad”.
Por todo ello, “en ningún caso un funcionario de una prisión se puede valer de la situación de superioridad que deriva de su estatus como autoridad”.
Cinco juicios en dos meses por delitos contra la libertad sexual en Lleida
La Audiencia de Lleida ha celebrado o ha señalado hasta cinco vistas por delitos sexuales desde el mes de septiembre, cuando empezó el curso judicial. A comienzos de septiembre, se juzgó un vecino de la Noguera acusado de abusar sexualmente de la nieta de una amiga. En este caso, el hombre, que se enfrentaba hasta nueve años de prisión, fue absuelto por la falta de pruebas y las contradicciones de la denunciante. El tribunal de Lleida también ha acogido el juicio contra un vecino de la Seu d’Urgell que se enfrenta a una petición de casi veintiocho años de prisión por haber contactado con menores por internet para obtener imágenes y abusar sexualmente de uno de ellos. Todavía no hay sentencia. En cambio, se suspendió la vista contra un vecino de la Torre de la Caparrella, en el Pallars Jussà, que en diciembre cumplirá noventa cuatro años, acusado de abusar sexualmente de una menor de ocho para analizar si el acusado está capacitado para declarar a causa de abusar de su cuñada discapacitada. La víctima declaró que lo obligaba a tener relaciones y vivir videos sexuales. La sentencia está pendiente. Finalmente, se ha juzgado un individúo acusado de pegar y violar a su pareja en Tremp. La vista no ha finalizado y continuará el mes de noviembre con la declaración de la denunciante que se ausentó el día del juicio.
A todo esto, se tiene que sumar los cuatro encarcelados de Rosselló acusados de violar una menor discapacitada. Los cuatro hombres compartían un piso en esta localidad del Segrià. El juzgado que investiga el caso ratificó la semana pasada la prisión preventiva para todos ellos. Ante el juez, se negaron declarar.
