Responsabilidad patrimonial de la administración

La responsabilidad patrimonial es la obligación de las Administraciones Públicas de indemnizar a los ciudadanos por toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos siempre que dicha lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos, salvo en los casos de fuerza mayor, esto es, cuando los daños son ocasionados por factores externos e imprevisibles. En este sentido, para apreciarse dicha responsabilidad deben concurrir los siguientes requisitos:

  • Existencia de un daño o perjuicio evaluable, concreto e individualizado.
  • Que el daño o perjuicio sufrido, ya sea personal o material, sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal, en una relación directa o indirecta y exclusiva de causa a efecto (causalidad).
  • El particular no tenga el deber jurídico de soportar dicho daño o perjuicio.

            Es importante remarcar que esto no significa necesariamente que todos los daños que puedan llegar a acontecer en el ámbito de actuación de servicios públicos deban imputarse a la Administración, ya que además es necesario que el daño se encuentre conectado causalmente con el funcionamiento del servicio, es decir, que la causa desencadenante de la lesión sea consecuencia del funcionamiento de los servicios de la Administración.

            En este sentido, los ciudadanos sólo pueden solicitar el inicio de un procedimiento de responsabilidad patrimonial cuando no haya transcurrido más de un año desde que se produjo el daño o perjuicio, o desde que el alcance pudo ser determinado, de lo contrario, se considerará que ha prescrito su derecho a reclamar. Una vez iniciada la reclamación, la Administración dispone de 6 meses para resolver, siendo que, si resuelve de forma negativa o no se manifiesta durante ese plazo, el particular puede acudir al Juzgado contencioso-administrativo para resarcirse del daño que le ha sido causado.

            En definitiva, si un ciudadano ha resultado perjudicado por una actuación normal o anormal de la Administración Pública, puede exigirle los correspondientes daños y perjuicios cuando exista un daño o perjuicio evaluable y concreto.

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